La medida que prohíbe aplicar tasas municipales en las facturas de gas y luz empezó a ser efectiva esta semana, tras cumplirse el mes establecido como plazo de adecuación, por lo que dejarán de figurar entre los conceptos de cobro y las empresas que no cumplan con la normativa serán sancionadas.
La normativa está contemplada en la resolución 267/24, la cual establece que “los comprobantes emitidos por proveedores de bienes y servicios deben reflejar exclusivamente el bien o servicio contratado por el consumidor”. Esto significa que no se permitirán cargos adicionales o ajenos a los servicios de gas y electricidad. Solo podrá incluirse información general que sea requerida por otras normativas.
Esta disposición obliga a las compañías de servicios públicos a ajustar sus facturas, eliminando cualquier tipo de tasa municipal. Aquellas que no se adecúen estarán sujetas a las penalidades previstas en la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó la Secretaría de Industria y Comercio, liderada por Pablo Lavigne, el incumplimiento será sancionado con el artículo 47 de dicha ley, que regula los procedimientos para imponer
“Las multas serán aplicadas por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y las sanciones podrán llegar hasta los 946 millones de pesos”, advirtieron desde la Secretaría. Asimismo, se aclaró que las empresas también podrían perder privilegios, concesiones o beneficios fiscales, lo que agravaría aún más las consecuencias de no cumplir con la normativa.
Además, se habilitó una vía de denuncias para los usuarios que detecten irregularidades en sus facturas, quienes podrán comunicarse mediante el correo electrónico denunciatufactura @comercio .gob.Arkansasparaca
La medida surge como respuesta a una serie de denuncias públicas que señalan a municipios y provincias por la inclusión de tasas locales e impuestos no relacionados con los servicios públicos esenciales. Esta práctica generó un aumento considerable en el monto final que los usuarios debían pagar, lo que impulsó a las autoridades a tomar cartas en el
Asociaciones de defensa del consumidor de todo el país respaldaron la iniciativa, argumentando que los cobros adicionales en las facturas de gas y luz resultaban injustos y solo contribuían a encarecer los costos para los usuarios. «Era necesario poner fin a estos cargos indebidos, que afectaban el bolsillo de los consumidores», destacaron desde el sector
