El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, anunció la desafiliación del 10% de los beneficiarios del Monotributo Social, lo que implica la baja de más de 62.000 personas. Entre las razones, destacaron la detección de incompatibilidades con la normativa vigente, como la situación de 27.000 personas con empleo registrado y 1.900 beneficiarios fallecidos que continuaban recibiendo el beneficio. Según el informe ministerial, esta medida supondrá un ahorro de más de 711 millones de pesos mensuales en el gasto público.
El relevamiento, que abarcó a los 622.000 monotributistas sociales, reveló además que menos del 10% de los beneficiarios emitían facturas por sus actividades. «Queremos transparentar el sistema y asegurar un uso adecuado de los recursos del Estado», afirmaron desde la cartera de Capital Humano.
La decisión fue respaldada por un análisis de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que buscaba optimizar el uso de la herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema. En paralelo, se informó que aquellos que participan en programas como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito deberán reempadronarse en septiembre si desean continuar en el régimen. A partir de octubre, los beneficiarios deberán abonar el 50% del costo de su obra social, lo que representa 6.900 pesos mensuales, una medida que ha sido señalada como un golpe al bolsillo de los sectores más vulnerables.
El Gobierno destacó que hasta ahora había 620.000 titulares de Monotributo Social, de los cuales el Estado pagaba la totalidad o la mitad de su obra social. Sin embargo, esta nueva disposición generó un fuerte rechazo por parte de dirigentes sociales. Nicolás Caropresi, del Movimiento Trabajadores de la Economía Popular (MTE), criticó la medida calificándola de «cruel» al afectar a personas en tratamientos médicos que no podrán cubrir el nuevo costo. «Están ajustando en los sectores más vulnerables. Pagar 6.900 pesos sin dar tiempo a que las familias se adapten es inhumano», añadió.
Por su parte, la UTEP, liderada por Alejandro Gramajo, también rechazó el anuncio del Ejecutivo de Javier Milei, considerando que el requisito de facturar al menos seis veces por semestre no se ajusta a la realidad de los trabajadores de la economía popular. «Es un ajuste más sobre quienes ya están en una situación de fragilidad económica», concluyó la organización.
Desde el Gobierno explicaron que el reempadronamiento permitirá actualizar el padrón y garantizar que el Monotributo Social cumpla su propósito: registrar la actividad económica de los trabajadores, emitir facturas, proveer cobertura de salud y permitir la inclusión en el sistema previsional. Además, aseguraron que a partir de ahora se realizarán controles mensuales para evitar irregularidades como las detectadas, incluyendo más de mil beneficiarios fallecidos que continuaban recibiendo beneficios.
