El presidente Javier Milei decidió vetar la ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada recientemente por el Senado, confirmando su enfoque insensible hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La medida, que fue sancionada con la esperanza de proporcionar un alivio frente a la escalada inflacionaria, fue descartada por el mandatario mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, alegando «deficiencias técnicas» y un supuesto impacto fiscal que no estaría cubierto.
En lugar de implementar una política inclusiva y a largo plazo que garantice la estabilidad de los haberes jubilatorios, Milei ha optado por un bono de 70 mil pesos, destinado exclusivamente a las categorías con los ingresos más bajos. Este bono, aunque bien recibido por algunos, es un parche insuficiente frente a la cruda realidad económica que enfrentan millones de jubilados. La incertidumbre que genera este tipo de medidas temporales y el retraso en la definición de un incremento adicional, que podría rondar el 8%, solo acrecienta la desconfianza hacia un gobierno que, con cada decisión, demuestra una falta de compromiso con las verdaderas necesidades de la gente.
El argumento central del gobierno para el veto es que la ley no contemplaba el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, pero esto solo evidencia la incapacidad o falta de voluntad de la administración para buscar soluciones que realmente protejan a los jubilados. La cifra astronómica de 6.160.000.000.000 pesos para el año 2024, mencionada por el Ejecutivo como justificación, es utilizada como una excusa para continuar con políticas de austeridad que despojan a los más vulnerables de su dignidad.
Mientras tanto, el bono extraordinario se presenta como un gesto demagógico, destinado a apaciguar temporalmente el descontento, pero que en ningún caso reemplaza el derecho a una jubilación justa y acorde a la realidad inflacionaria. La narrativa de la «emisión monetaria 0», que Milei y su gobierno han elevado casi a un dogma, se muestra cada vez más como una cortina de humo para evitar afrontar los desafíos reales de la economía.
El compromiso del PRO y otros aliados políticos con esta política solo reafirma la alineación de estos sectores con un modelo que prioriza el ajuste fiscal sobre el bienestar social. Es preocupante que, a pesar de haber votado a favor de la actualización de las jubilaciones, ahora apoyen una decisión que claramente va en detrimento de los derechos de los jubilados.
El veto de Milei, lejos de ser un acto de responsabilidad, revela una visión miope y peligrosa, donde los derechos de las personas mayores son negociados como simples cifras presupuestarias. El Congreso tendrá la oportunidad de revertir esta decisión, pero la batalla por una jubilación digna, lejos de terminar, parece estar solo comenzando.
