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Desde que el gobierno de la provincia de Salta decidió el cobro de la atención a los extranjeros sin residencia que acuden a hospitales públicos, las consultas bajaron significativamente. Según las cifras que confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial, las consultas diarias bajaron de 30 a menos de 10.
Los principales hospitales de la zona como el Juan Domingo Perón, de Tartagal y el San Vicente de Paul, en San Ramón de la Nueva Orán registraron una importante caída de la concurrencia de pacientes de países limítrofes. Cabe destacar que este fenómeno de se repite en los 52 hospitales públicos de la Provincia.
Esta discutida decisión se dio a conocer a fines de febrero, cuando el Gobernador Gustavo Sáenz, que luego de la decisión del Gobierno Nacional de recortar de cuajo importantes fondos que financiaban obras, transporte, educación, entre otros, trató de evitar la desfinanciación de los principales sistemas públicos.
En aquella ocasión el Gobernador Sáenz había argumentado que “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. La decisión quedó confirmada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024.
Este decreto distingue cuatro categorías de pacientes para establecer el criterio: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En estas dos últimas clasificaciones entran las personas a las que el gobierno local les exige solventar las prestaciones. Asimismo, desde la cartera de salud se confirmó, a modo de ejemplo, los montos de algunas de las principales prestaciones:
• $100.000 por día de internación
• $190.000 internación en salas intermedias
• $250.000 internación en terapias intensivas
• $245.000 por parto
• $250.000 por internación terapia neonatal
Los principales argumentos para justificar esta medida se justifica en el dispar cumplimiento del esquema de reciprocidad entre las provincias limítrofes y los Estados en los países limítrofes -esencialmente a Bolivia-. En la última década numerosos casos de ciudadanos argentinos que sufrieron accidentes en ese país particularmente y se les ha negado la atención médica. Además de las denuncias de “tours sanitarios” que ingresaban al País para atenderse y hasta realizarse cirugías de alta complejidad.
El gobierno de Salta insistió que esta medida se tomó con un criterio de proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud público para los salteños. El ministro de Salud, Federico Mangione, no obstante, aclaró que, ante cualquier situación de riesgo de vida, la atención se brindará sin distinción del origen de las personas. “A quienes estén en tránsito se los va a atender, se les solucionará el problema y luego se verá a quién se le factura por los honorarios y gastos que ocasione el servicio” señaló Mangione.
