El exmandatario Mauricio Macri volvió a la carga con una declaración que no hace sino profundizar la brecha entre las políticas públicas y las necesidades de los ciudadanos. Macri respaldó el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso Nacional, calificando la necesidad de equilibrio fiscal como una prioridad innegociable. “Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal,” afirmó Macri en una publicación en sus redes sociales, un comentario que subraya su desprecio por las realidades económicas y sociales de los jubilados.
La ley de movilidad jubilatoria, sancionada por el Congreso con una mayoría contundente, buscaba abordar el grave problema de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, Milei, con el respaldo de Macri, ha decidido vetar esta ley, calificándola de «estafa moral» y acusando a sus defensores de promover un gasto irresponsable sin partida presupuestaria adecuada. Según Milei y sus aliados, la ley constituye un acto de «populismo demagógico» que conduciría a un nuevo ciclo de emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento.
Macri, en su declaración, no ha dudado en criticar a los senadores que apoyaron la ley, acusándolos de haber contribuido a un pasado de corrupción y despilfarro. Recordó, con una ironía cortante, que estos senadores también aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas y la venta de empresas estatales deficitarias. Un ataque que, lejos de aportar soluciones, parece más bien un intento de desviar la atención de las verdaderas consecuencias de sus políticas de austeridad.
La postura de Macri y Milei no solo ignora las demandas de los jubilados, sino que también demuestra un desprecio por los mecanismos democráticos y el bienestar de los más vulnerables. La ley, que establece una actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación adicional para mitigar la inflación, es un intento de proteger a los jubilados de la erosión constante de sus ingresos. El veto, en cambio, representa un rechazo a esta protección y una aceptación tácita de la inflación galopante que afecta a los jubilados.
Reacciones desde distintos sectores políticos han subrayado la controversia en torno a este veto. La diputada Margarita Stolbizer ha sido especialmente crítica, calificando la decisión como un «atropello a las instituciones, a los pobres y a la clase media». Su comentario resuena con el creciente descontento ante un gobierno que parece priorizar el ajuste fiscal por encima de la justicia social y el bienestar de los ciudadanos.
En suma, el respaldo de Macri al veto de Milei no solo perpetúa una agenda de austeridad que ignora las necesidades de los jubilados, sino que también revela una actitud cínica hacia la justicia social y el equilibrio económico. La decisión de vetar la ley de movilidad jubilatoria es un claro ejemplo de cómo las políticas de austeridad y el desprecio por los derechos de los ciudadanos pueden afectar profundamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
