El gobierno de Javier Milei emitió un decreto que establece un plazo de un año para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adapte sus estatutos y permita la participación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. La medida también prohíbe a la AFA expulsar o discriminar a los clubes que decidan adoptar esta figura jurídica, garantizando su derecho a competir en las ligas nacionales.
El ministro Sturzenegger, a través de redes sociales, justificó el decreto señalando que la normativa busca ampliar las libertades de los socios y permitirles decidir cómo organizar sus clubes. Según el ministro, los cambios introducidos por Milei apuntan a fomentar la transparencia y atraer capitales privados, lo que mejoraría la calidad de los deportes en Argentina. Sturzenegger subrayó que los clubes podrán decidir si desean transformar su estructura jurídica por completo o solo en un deporte específico, como el fútbol, manteniendo así una participación accionaria en la rama que recibe la inversión privada.
Sin embargo, la respuesta de la AFA no se hizo esperar. Bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, la entidad emitió un comunicado en el que reitera su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas. Tapia logró que se aprobara una cláusula que prohíbe la participación de clubes gerenciados por empresas, defendiendo la estructura actual de la AFA como una asociación civil sin fines de lucro. Según la AFA, cualquier intento de modificar sus estatutos en contra de la voluntad de sus miembros sería inconstitucional y una violación de la autonomía de la entidad.
Este enfrentamiento entre el gobierno y la AFA plantea un desafío significativo para el futuro del fútbol argentino, donde la resistencia a las Sociedades Anónimas Deportivas sigue siendo un tema de fuerte debate. A medida que avanza el plazo impuesto por el decreto, el conflicto promete intensificarse, con el potencial de redefinir la estructura y gobernanza del deporte en el país.
