La provincia de Salta reafirma su compromiso con los ciudadanos locales al mantener firme la decisión de cobrar por la atención médica a los ciudadanos extranjeros en sus hospitales públicos. Esta medida, impulsada originalmente por el gobernador Gustavo Sáenz mediante un decreto y luego ratificada por la Legislatura, busca poner fin a décadas de saturación hospitalaria, principalmente causada por la afluencia de pacientes extranjeros, en su mayoría provenientes de Bolivia.
El reciente encuentro entre Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul, y la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, evidenció la presión que Bolivia intenta ejercer para revertir esta decisión. Huanca planteó la posibilidad de suscribir nuevos convenios para que los ciudadanos bolivianos pudieran acceder a un arancel diferencial o incluso a atención gratuita. Sin embargo, Valenzuela fue claro: “Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar. Es como si yo le pidiera que no cumpla la ley en su país”. El pedido boliviano fue rechazado de plano, dejando en claro que la postura salteña es inquebrantable.
Desde la implementación de la ley 8.421, la concurrencia de pacientes extranjeros en los hospitales ha disminuido drásticamente. El hospital a cargo de Valenzuela, que antes atendía hasta 300 personas por semana, ahora recibe apenas un promedio de 5. “Hay días en que no viene nadie”, comentó el gerente, destacando el impacto positivo para los salteños, quienes ahora tienen más acceso a turnos y a un sistema médico menos saturado.
Además, la intendencia de Orán informó que en lo que va del año, la medida permitió un ahorro de 60 millones de pesos en esa jurisdicción fronteriza, una cifra que resalta los beneficios económicos para el sistema de salud salteño. Los aranceles para extranjeros en la provincia incluyen $100.000 por día de internación, $245.000 por parto y $250.000 por internación en terapia neonatal, entre otros. Estos valores se actualizaron en un 20% en el segundo semestre del año.
Las autoridades bolivianas, que en el pasado habían firmado convenios de reciprocidad con Argentina para garantizar la gratuidad en la atención hospitalaria, deben ahora asumir la responsabilidad por la salud de sus ciudadanos. El propio Valenzuela recomendó que el consulado boliviano debería gestionar un presupuesto para cubrir los costos médicos de sus compatriotas en lugar de solicitar excepciones. “El planteo era completamente equivocado”, insistió.
El gobernador Sáenz justificó esta medida recordando los numerosos casos de argentinos que fallecieron en Bolivia al no ser atendidos en situaciones de urgencia debido a la negativa de los hospitales de ese país a brindar atención gratuita. “No hay reciprocidad en la práctica. Aquí en Salta y en Argentina, la salud pública es de primera, pero en Bolivia cobran absolutamente todo. Incluso han fallecido personas en la puerta de los hospitales porque no los quisieron atender”, subrayó el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Con esta firme postura, Salta sigue priorizando el bienestar de sus ciudadanos y exige que las autoridades bolivianas hagan lo mismo en su propio territorio.
