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El juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez dispuso que dos empleados que se dirigían desde Carcarañá en Sana Fe a una finca de Anta cumpliendo actividades laborales cumplan con un confinamiento de siete días previo resultado negativo de la prueba de PCR para SARS-Cov2.
Finalizado el confinamiento de ambos hombres, deberán trasladarse a su lugar de trabajo en el departamento Anta.
La decisión fue adoptada en un Hábeas Corpus presentado por los dos empleados quienes contaban con todos los permisos de circulación propios de actividades esenciales y se dirigían a la finca ubicada en Anta. Pero en el control de El Durazno se les ordenó dirigirse a Salta, donde se les hizo saber que quedarían alojados en un hotel hasta tanto se les efectuara el control sanitario, donde posteriormente fueron notificados que quedaban en aislamiento por catorce días.
El juez Domínguez recordó que “la garantía relativa a la libertad física es el fundamento de la acción de habeas corpus, incorporada en el cuarto párrafo del artículo 43 de la Constitución. El habeas corpus es, de todas, la garantía constitucional más representativa. Tiene que ver con ello el hecho de que habilita un proceso rápido, de extrema sencillez, destinado a conjurar cualquier tipo de lesión a la libertad física, ambulatoria o de locomoción. A una persona privada de su libertad se le hace muy difícil, sino imposible, ejercer los demás derechos que el ordenamiento le confiere”, recordó.
El decreto 297/20, fue dictado con la finalidad de proteger la salud pública, citó el juez recordando que “frente a un escenario de crisis sanitaria cuyas dimensiones resultan inconmensurables, se deben adoptar medidas urgentes”, por lo que desde principio de marzo se vienen dictando normas tendientes a paliar la situación laboral, económica y fundamentalmente, la situación epidemiológica-sanitaria de todas las personas en la República Argentina.
