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El candidato a senador nacional de LLA, Alfredo Olmedo asegura que no lo van a escuchar nunca hablar mal de la gestión de Juan Carlos Romero en Salta. «Yo voy a hablar bien del gobernador Romero, porque en su primer gobierno cambió la historia de Salta, cambió el rumbo. Después en el segundo y tercero, bueno, fue otra cosa, pero en el primero…». El referente de La Libertad Avanza dice que Romero solo tuvo 40 mil empleados públicos en su primera gestión. Olvida la ola de despidos de la administración pública bajo el rótulo de «excedentes» en los ´90, que tuvo graves consecuencias sociales, familiares e individuales en personas que no pudieron encontrar un rumbo laboral luego.
Hagamos memoria: En 1996 quedaron en la calle unos 5000 agentes de la Administración Pública; se redujeron los sueldos un 30 por ciento. Hubo expulsión de agentes y reducción de salarios, pero no una reforma del Estado.
El decreto 106, que extinguió las relaciones laborales, inicio una historia de tragedia para esas familias salteñas, pero el sacrificio de los despedidos no sirvió para ahorrar en el Estado, porque antes de Romero, el gasto público era de $ 730 millones anuales (entre 1991 y 1995), y subió a 874,1 millones en el período 1996-2001. Todo eso, a pesar de dejar en la calle de un día para otro a miles de trabajadores, a través del decreto convertido en Ley 6820, que desconoció la ley de Contrato de Trabajo 20744 y los convenios colectivos, que fueron derechos adquiridos por los trabajadores argentinos.
El legislador libertario del PARLASUR también habló, sin la más mínima rigurosidad, acerca de que “Hay 100.000 empleados públicos” y que “existe una muy mala administración y que por eso la puja salarial no está en condiciones de atender los niveles más o menos razonables que puedan llegar a haber en un reclamo”.
Lo cierto es que, según fuentes oficiales, hay 71.783 empleados públicos y que desde 2019, esa cifra se incrementó en 2.980 empleados debido al blanqueo y regularización de la situación laboral de muchísimas personas que estaban trabajando como contratados monotributistas; el pase a Temporarios (contratados en 2019 y del periodo COVID-19) y la incorporación de personal policial, docente y de Salud.
Mientras, los empleados de la Administración Pública Central disminuyeron de 4783 a 4571.
Sus declaraciones generaron mucha zozobra entre los empleados de la Administración Pública Provincial y cabe preguntarse si muchos empleados públicos quedarán sin empleo si, como sueñan, acceden al Gobierno de la Provincia.