En una polémica decisión que agrava la tensión con los gremios aeronáuticos, el Gobierno nacional oficializó, a través del decreto Nº 844/2024, la autorización para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) permita operar con tripulaciones y aeronaves extranjeras en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se produce en un contexto de huelgas constantes impulsadas por los sindicatos, que exigen mejoras salariales.
La ANAC será responsable de otorgar permisos para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también para el uso de aeronaves de matrícula extranjera en el territorio nacional. Esta flexibilización de la normativa, antes monopolizada por el Poder Ejecutivo, busca agilizar las operaciones en un mercado cada vez más afectado por los paros del sector.
Lejos de priorizar una solución a los reclamos salariales de los trabajadores, el Ejecutivo nacional ha optado por abrir las puertas a empresas internacionales, justificando la medida como una forma de «fomentar las inversiones» y «favorecer la conectividad federal». El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, defendió la resolución a través de su cuenta en la red social X: “Esta medida, sumada al paquete de desregulaciones que se vienen implementando, posibilitará que otras aerolíneas cubran rutas aéreas locales inmediatamente si Biró y compañía siguen haciendo paros extorsivos”.
El decreto implica también la obligación de la autoridad aeronáutica nacional de reglamentar los Artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, en conformidad con estándares internacionales. Según el Gobierno, esto contribuirá a «armonizar el régimen interno con el de los países de la región y del mundo», en línea con su política desregulatoria que busca generar «un mercado competitivo y flexible».
Sin embargo, para los gremios aeronáuticos, esta es una clara maniobra para evadir sus demandas, abriendo las puertas a empresas extranjeras en lugar de mejorar las condiciones laborales del personal argentino. La estrategia gubernamental parece estar más centrada en resolver las complicaciones operativas derivadas de los paros que en escuchar las demandas salariales que dieron origen a los conflictos.