El Gobierno Nacional avanzó con un nuevo paso en su política de desregulación del transporte, al eliminar la exigencia de un seguro obligatorio que cubría los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros en servicios de micros de larga distancia. Esta decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 775/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La medida forma parte del principio de desregulación establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, promulgado en diciembre de 2023 bajo la gestión de Javier Milei. La normativa reciente deroga la Resolución 684, que había sido implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta resolución previa había ampliado el seguro de responsabilidad civil para incluir la cobertura de riesgos asociados a la muerte e incapacidad de los pasajeros en los servicios de transporte interurbano de larga distancia.
Con la anulación de la regulación anterior, las empresas de transporte ya no estarán obligadas a informar el costo del seguro en los boletos, medida que había sido establecida para proporcionar transparencia sobre el alcance de la cobertura. Ahora, las compañías solo deberán ofrecer los seguros básicos contratados, lo que podría traducirse en una reducción de las tarifas para los pasajeros debido a la eliminación de la cobertura adicional.
El Ministerio de Economía justificó la eliminación de la medida al considerar la compatibilidad de las disposiciones del decreto 70/2023 con la normativa previa de octubre de 2022. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros recomendó armonizar la reglamentación vigente con el principio de desregulación previsto en el DNU, promoviendo así un entorno de apertura y competencia en el sector.
El DNU 70/2023 establece que el Estado Nacional debe promover un sistema económico basado en decisiones libres y una amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria. La normativa apunta a eliminar restricciones a la oferta de bienes y servicios, buscando evitar distorsiones en los precios de mercado y fomentar la libre iniciativa privada.
Esta decisión subraya el compromiso del Gobierno con la implementación de principios de desregulación, que buscan simplificar las regulaciones y reducir las cargas normativas sobre las empresas, en un intento por fomentar la competencia y reducir los costos para los consumidores.