En un contexto de tensiones laborales y reclamos justos por parte del personal universitario, la diputada nacional María Emilia Orozco decidió emprender una cruzada mediática contra la Universidad Nacional de Salta, alzando la bandera de una presunta «persecución política» en su contra. La razón: la supuesta demora en la entrega de su título universitario, que, según su versión, estaría vinculada a sus diferencias con el claustro docente. Sin embargo, la realidad se ha encargado de poner en evidencia las inconsistencias y falsedades de sus declaraciones.
El posteo realizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSa es un documento que no deja lugar a dudas. Con una precisión que desarma cada una de las afirmaciones de Orozco, las autoridades universitarias expusieron la verdadera secuencia de eventos: desde la aprobación de su tema de tesis en mayo de 2012 hasta la defensa exitosa de la misma en abril de 2014, culminando con la entrega de su diploma en septiembre de ese año. Un proceso que no solo se realizó en tiempo y forma, sino que además demuestra la agilidad y el compromiso de la institución para con sus estudiantes.
Lamentablemente, en su afán por posicionarse como una víctima de persecución política, Orozco ha caído en la peligrosa práctica de distorsionar la realidad. La diputada llegó al extremo de afirmar que su graduación tuvo lugar «hace como 20 años», una aseveración que no solo es falsa, sino que roza lo absurdo. Según los registros de la UNSa, la carrera de Ciencias de la Comunicación fue creada en 2006, y Orozco ingresó en 2007, obteniendo su título en 2014, es decir, hace apenas 10 años.
Esta manipulación de los hechos no es solo una falta de respeto hacia la institución que la formó, sino también un ataque directo a la educación pública en su conjunto. La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSa, en su comunicado, no solo refuta punto por punto las falacias de Orozco, sino que también hace un llamado a la reflexión sobre el rol de la educación como un derecho humano fundamental y la importancia de defenderla frente a intentos de deslegitimación.
Es preocupante que una representante del pueblo utilice su posición de poder para desacreditar a una institución pública que, como bien señala el comunicado, se sostiene gracias al esfuerzo de todos los argentinos. En lugar de sumarse a la lucha por una educación de calidad, Orozco opta por desinformar y confundir a la sociedad, poniendo en riesgo la percepción pública sobre el sistema educativo.
En un gesto de apertura, la Escuela de Ciencias de la Comunicación invitó a la diputada a interiorizarse sobre los reclamos y las realidades de las universidades públicas, instándola a rectificar sus declaraciones. Este llamado no es solo una cuestión de rigor académico, sino también un acto de responsabilidad cívica y ética. Orozco tiene la oportunidad de demostrar que, pese a sus errores, está dispuesta a escuchar, aprender y corregir el rumbo.
Sin embargo, si decide persistir en su narrativa engañosa, estará contribuyendo a una peligrosa campaña de desprestigio que amenaza los valores de igualdad y justicia que la educación pública representa. Es momento de que la diputada recapacite y se sume a la defensa de la educación pública, en lugar de atacar a quienes se dedican a garantizarla.