La reciente medida adoptada por la Secretaría de Energía, liderada por Eduardo Rodríguez Chirillo, ha desatado una nueva ola de críticas debido a su impacto directo en el costo de vida de los argentinos. La desregulación del mercado del gas envasado y la eliminación de los precios máximos de referencia para las garrafas, oficializada mediante la Resolución 216/2024, pone fin a cualquier control sobre los precios que los consumidores deberán pagar por este servicio esencial, dejando a miles de familias a merced de las fluctuaciones del mercado.
Esta controvertida decisión busca liberar el mercado de las «regulaciones de precios», argumentando que los “Precios Máximos de Referencia” obstaculizan la cobertura de los costos reales en las etapas de fraccionamiento, distribución y comercio minorista. Sin embargo, lo que se presenta como un intento de fomentar la «libertad de mercado» y la eficiencia económica, podría resultar en un incremento desmedido de los precios, golpeando de lleno a los sectores más vulnerables que dependen del gas envasado para sus necesidades básicas.
El gobierno ha defendido la medida afirmando que la desregulación impulsará la inversión y mejorará la competitividad en el mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con la promesa de elevar los estándares locales a niveles internacionales. Pero esta justificación parece ignorar el hecho de que la libre fijación de precios en un mercado desregulado usualmente beneficia a los grandes actores del sector a expensas de los consumidores finales, quienes verán cómo el costo de sus garrafas se dispara sin control.
Además, la actualización del «precio de referencia» de las garrafas, con incrementos significativos en sus valores—$8.500 para la de 10 kg, $10.200 para la de 12 kg, y $12.750 para la de 15 kg, incluyendo impuestos—no hace más que confirmar las preocupaciones de que esta desregulación traerá consigo un aumento inevitable en el costo de vida. La derogación de los «apartamientos máximos permitidos», que ajustaban los precios según la logística de distribución en distintas zonas del país, agrava aún más la situación, afectando especialmente a las regiones más alejadas y con menos recursos.
Esta medida, que también abarca al Programa Hogar—un subsidio destinado a cubrir el 80% del costo de las garrafas para los hogares de bajos ingresos—deja en claro que el gobierno prioriza la liberalización del mercado energético sobre la protección de los derechos de los ciudadanos. La eliminación de los controles de precios en un momento de crisis económica e inflación desenfrenada representa un nuevo golpe al ya castigado bolsillo de los argentinos, aumentando la desigualdad y la inseguridad económica en un contexto cada vez más difícil.
