La reciente controversia en torno a la visita de legisladores nacionales a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad ha desatado una ola de indignación en todo el país. Aunque los diputados por Salta, Emilia Orozco y Carlos Zapata, no formaron parte de esta delegación, nuevas revelaciones han dejado en claro que ambos estaban al tanto de este siniestro plan desde marzo de este año. La Diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta, en un descargo público, evidenció que Orozco y Zapata conocían de antemano los detalles de un proyecto cuyo objetivo último era conceder prisión domiciliaria o incluso la libertad a militares condenados por crímenes aberrantes durante la dictadura militar.
Esta información, sumada a la publicación de borradores de proyectos de ley y de un decreto por parte de Arrieta, expone la magnitud del peligro que representa este intento de reescribir la historia y de borrar, a través de la impunidad, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado. La indiferencia de Orozco y Zapata ante estos planes no solo es preocupante, sino que también los convierte en cómplices de una estrategia que busca debilitar los pilares de la justicia y la democracia en Argentina.
La fotografía de legisladores con genocidas no es solo una provocación. Es un claro indicio de un plan más amplio para excarcelar a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, dejando impunes los crímenes cometidos. Estos crímenes, que incluyen desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, siguen marcando a la sociedad argentina, especialmente porque muchos de los responsables se niegan a proporcionar información sobre el paradero de los desaparecidos y de los niños nacidos en cautiverio.
En este contexto, el reciente cierre por decreto de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), ha generado un fuerte repudio. La Comisión de Derechos Humanos ha instado a todas las instituciones civiles y democráticas a rechazar estos hechos y a pronunciarse públicamente. Es crucial que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para sancionar a quienes, desde el poder legislativo o cualquier otra esfera, apoyen la impunidad de los responsables de estos crímenes.
La conducta de Orozco y Zapata no puede ser ignorada. Al estar al tanto de este proyecto y no haberlo denunciado, han mostrado una falta de compromiso alarmante con la justicia y con los valores democráticos que deberían defender. En un país que aún lucha por sanar las heridas de su pasado, su postura complaciente es inaceptable. Los representantes del pueblo deben estar al servicio de la verdad y la justicia, no ser cómplices de aquellos que buscan revertir décadas de lucha por los derechos humanos.