La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado una actualización significativa en la normativa que regula las transacciones a través de billeteras digitales y cuentas bancarias. La nueva medida incorpora una cláusula de ajuste automático cada seis meses, fundamentada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta disposición busca mantener los topes de transacción alineados con la inflación, garantizando que se ajusten periódicamente en función de las condiciones económicas del país.
El ajuste automático pretende evitar que los límites se vuelvan obsoletos en un contexto económico fluctuante, lo que podría afectar la eficacia de los controles de la AFIP. Al actualizar los límites de manera regular, la entidad busca asegurar que las entidades financieras y las plataformas electrónicas puedan seguir monitoreando adecuadamente las transacciones realizadas por sus clientes.
Uno de los principales objetivos de esta medida es verificar la legalidad del origen de los fondos en circulación a través de los sistemas de pago digital. Cuando se superen los límites establecidos, la AFIP investigará la situación fiscal del contribuyente, comenzando con la revisión del origen de los fondos para asegurar que provienen de actividades legales.
Los contribuyentes deberán presentar documentación que respalde la legalidad de los fondos, que puede incluir recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses, o certificados de ingresos firmados por contadores públicos. La AFIP podrá requerir estos documentos por diversos medios, incluidos el correo electrónico o directamente a través de la aplicación de la billetera digital.
En caso de que no se pueda justificar el origen de los fondos, la AFIP tiene la autoridad para tomar medidas más drásticas. Entre las posibles acciones se incluyen el cierre de la cuenta del usuario y la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el cual será enviado a las autoridades correspondientes para investigar posibles casos de lavado de dinero u otras actividades ilícitas.