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El fiscal federal, Ricardo Toranzos, explicó cómo se lleva adelante la investigación en Anses, en el marco del escándalo por los concejales salteños que solicitaron y cobraron el IFE. En este contexto, Toranzos dijo que la causa está enmarcada en defraudación al Estado y “pueden caber de 2 a 6 años de prisión”.
Ricardo Toranzos informó que “la Justicia Federal pudo recabar información digital, de aquellas personas que se inscribieron y solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia”. En este sentido, el fiscal federal señaló: “Nosotros tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los terceros que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”.
Al respecto, Ricardo Toranzos indicó: “A esa evidencia digital la queremos relacionar con hechos concretos o espacios concretos. Tenemos que determinar el lugar físico, desde dónde se hizo el pedido. Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”.
Además, el fiscal federal detalló que se hizo una actuación sobre el encargado de la UDAI Sur (Marcos Vera Ramires), que estaría en orden de petición del beneficio. “Lo que se va a hacer es primero, es confirmar estos casos y después analizar si se puede hacer un tamiz, sobre otras personas que no deberían cobrar. La información está dada entre los que percibieron y sobre los que intentaron percibir este beneficio”, aseguró.
Defraudación al Estado
“La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de2 a 6 años de prisión”, finalizó Toranzos.
